Las universidades, bien sean nacionales, de gestión privada o experimentales, son: “Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su colaboración doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.” “Deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia...” “Como parte integral del sistema educativo, especialmente en el área de estudios superiores, las universidades se organizarán y funcionarán dentro de una estrecha coordinación con dicho sistema.” Todos los textos citados recogen los artículos 2, 3 y 5 de la actual Ley de Universidades.
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) asume su responsabilidad institucional de velar por el adecuado funcionamiento de la institución universitaria en el país, desde los espacios de participación que consagra la Constitución y las leyes de la República, porque está convencida de que el país requiere de universidades de calidad para garantizar la profesionalización de sus jóvenes y la producción del conocimiento al servicio de un desarrollo justo y equitativo en la vida de los pueblos.
La institucionalidad universitaria es una, aunque se exprese en diversas modalidades. Por eso el legislador creó el Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de Planificación del Sector Universitario como órganos encargados de velar por esa institucionalidad independientemente de la forma que adopte.
La UCAB ha estado siempre vigilante de los problemas de las universidades del país. Para ello, además de la asidua participación en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y el CNU, ha promovido foros y publicaciones para aportar en el diagnóstico de los problemas y en la búsqueda de soluciones.
A propósito del actual conflicto universitario que atraviesa el país, la UCAB hizo suyo un conjunto de reflexiones y proposiciones que la AVERU le expuso por escrito y en forma personal al actual Ministro de Educación Universitaria. Y se solidarizó con las exigencias de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) en el proceso de negoción colectiva que el Ministerio de Educación Universitaria ha llevado adelante con los trabajadores universitarios. Lo ha hecho porque el tono general de sus exigencias parece más en sintonía con la autonomía y calidad universitaria y el reconocimiento de todas las voces involucradas en el conflicto.
La reacción que la UCAB recibió del Presidente Maduro fue que “no tiene velas en ese entierro porque es una universidad privada” y para añadidura que “porque son unos guarimberos.” Es lamentable.
fjvirtuoso@ucab.edu.ve
Tomado de la página de la UCAB el 21 de junio de 2013
20 jun 2013
Título y experiencia
Hace poco conversaba con mi familia acerca del tema de quién puede llegar a ser presidente de Venezuela y mi hermana estableció un punto importante, en cualquier trabajo que vayas a solicitar te hacen ciertos requerimientos relacionados con estudios y/o experiencia en el área en la cual vayas a aplicar, pero esto no es así para el mayor cargo que puede existir dentro de un país.
En una empresa de cualquier ramo, existe un proceso que se llama "selección de personal" en el cual se decide quién es el mejor candidato para ocupar un puesto. Los pasos que se siguen para hacer la selección -según Wikipedia- son los siguientes:
Cómo podríamos entonces ayudar para que realmente llegara al máximo cargo alguien decente y no cualquier loco, como ha venido ocurriendo desde hace muchísimos años atrás.
Pienso que la constitución debería ser más específica en los requisitos que debe tener una persona para ser candidato.
He aquí una comparación entre los actuales requerimientos establecidos en la constitución vigente y los que encontré en una página de empleo para poder trabajar como chofer de camión en una empresa.
Qué pude concluir: Un chófer necesita ser bachiller, presentar un certificado de salud, unos conocimientos básicos, experiencia, referencias comprobables y ciertos documentos probatorios de su capacidad para ejercer este cargo, un presidente no.
¿No sería lógico que se le exigiera al candidato a presidente esos requisitos MÍNIMOS?
De ser así, entre otras cosas, nuestro anterior candidato a la presidencia no hubiera podido engañar a todos los que le dieron su voto, porque hubiéramos sabido con certeza que no estaba en condiciones mínimas de salud para ejercer este cargo al menos tendríamos un documento con una firma de "alguien" que hubiera avalado la salud del candidato y a quién pudiéramos hoy hacerle pagar por la gran estafa que cometieron contra nuestro pueblo.
Además pienso que se debería exigir un título universitario y un postgrado en gerencia, un certificado de salud mental (sobre todo a nuestro actual presidente ilegítimo) y partida de nacimiento que certifique su venezolanidad, lo mínimo.
Esta es una propuesta que les dejo, para una próxima constituyente o reforma de la constitución, piénsenlo.
En una empresa de cualquier ramo, existe un proceso que se llama "selección de personal" en el cual se decide quién es el mejor candidato para ocupar un puesto. Los pasos que se siguen para hacer la selección -según Wikipedia- son los siguientes:
En esta empresa llamada Venezuela, los jefes, osea nosotros, somos los que deberíamos poner en práctica estos pasos para hacer esta selección. Pero, seamos honestos, esto nunca ocurre, la gente vota de corazón por el que "me cae mejor".
- Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas predeterminadas para el puesto de trabajo.
- Evaluar las competencias y la cualificación profesional de los/as candidatos/as que pasaron la etapa anterior, por medio de evaluaciones técnicas y/o psicológicas.
- Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior.
- En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto.
Cómo podríamos entonces ayudar para que realmente llegara al máximo cargo alguien decente y no cualquier loco, como ha venido ocurriendo desde hace muchísimos años atrás.
Pienso que la constitución debería ser más específica en los requisitos que debe tener una persona para ser candidato.
He aquí una comparación entre los actuales requerimientos establecidos en la constitución vigente y los que encontré en una página de empleo para poder trabajar como chofer de camión en una empresa.
¿No sería lógico que se le exigiera al candidato a presidente esos requisitos MÍNIMOS?
De ser así, entre otras cosas, nuestro anterior candidato a la presidencia no hubiera podido engañar a todos los que le dieron su voto, porque hubiéramos sabido con certeza que no estaba en condiciones mínimas de salud para ejercer este cargo al menos tendríamos un documento con una firma de "alguien" que hubiera avalado la salud del candidato y a quién pudiéramos hoy hacerle pagar por la gran estafa que cometieron contra nuestro pueblo.
Además pienso que se debería exigir un título universitario y un postgrado en gerencia, un certificado de salud mental (sobre todo a nuestro actual presidente ilegítimo) y partida de nacimiento que certifique su venezolanidad, lo mínimo.
Esta es una propuesta que les dejo, para una próxima constituyente o reforma de la constitución, piénsenlo.
19 jun 2013
Misión europea: Elección de Maduro es nula Por: HERNÁN LUGO-GALICIA / CELINA CARQUEZ
Antes de hacer recomendaciones al sistema electoral venezolano, el Instituto de Altos Estudios Europeos parte de la tesis de que previo al 14A hubo un “vicio de nulidad que afecta a todo el proceso electoral”: la interpretación de la Sala Constitucional de los artículos 229 y 232 que permitió la participación de Nicolás Maduro como candidato fue errónea, pues entienden que no le estaba permitido por ser vicepresidente.
“El TSJ no sólo fuerza la Constitución, al convertirlo en Presidente sin cumplir los requisitos constitucionales, legales y procedimentales sino que olvida los artículos 57 y 58 de la Lope y 128 del Reglamento Electoral, que señalan que todo funcionario público debe separarse del cargo para postularse a elección popular. La interpretación resulta forzada e incluso sospechosa de una conducta prevaricadora”, advierte en un informe la misión de apoyo internacional, que participó el 14A y permaneció en el país entre el 11 y el 22 de abril para ver y levantar información en Táchira, Mérida, Zulia y Distrito Capital.
“Maduro no cumple con los requisitos del artículo 227 de la Constitución, puesto que contraviene el 229. Esta situación constituye un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso, haciéndolo nulo de pleno derecho, y la Sala Constitucional del TSJ habría incurrido en la conducta tipificada en el artículo 25 de la Constitución que ha jurado defender y garantizar (…). Todo acto que viole los derechos constitucionales son nulos y los funcionarios que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”, indican.
Los delegados internacional renuncian al pacto “confidencial” que impone el CNE a los “acompañantes” y optan por hacer público el informe, de 28 páginas, por considerar que las limitaciones son “un obstáculo insalvable” para ofrecer recomendaciones al Gobierno, a los ciudadanos, a la rendición de cuentas o transparencia pública. “En las últimas decisiones del TSJ se constata una muy preocupante permeabilidad a la voluntad del Ejecutivo y del partido que le mantiene. Una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad exigible a este órgano en un sistema democrático”, afirman.
Dudas. El IAEE detectó las siguientes irregularidades:
- “Inseguridad jurídica e inquietud ciudadana sobre el origen de la candidatura de Maduro, su elección o las respuestas contradictorias sobre aceptar una auditoría”.
- Afán de conservar el poder “a toda costa” y mantener el legado de Chávez constituye una violación de las normas y aumentar “la sospecha de una suspensión del Estado de Derecho”. “Las instituciones del Estado han perdido neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”.
- “Actores políticos siguen volcados en enfrentamientos y no en debates que garanticen líneas estables”.
- La negativa del CNE de propiciar una auditoría completa ha generado ataques y “dudas” con respeto a su imparcialidad. IAEE relata cómo fueron testigos de ocho delitos electorales en el liceo Aplicación de Montalbán, Caracas, cuando el diputado del PSUV Robert Serrat llegó con un paquete de cédulas para que indigentes pudieran votar.
Delitos: impedir el derecho al sufragio; “accionar de mecanismos y votos fraudulentos”; porte de armas; alterar el orden; perturbar el acto democrático; asistir a más de un votante, y prohibir votos a discapacitados.
- “El alto nivel de enfrentamiento y agresividad, que contagia a la ciudadanía, propicia una polarización social insostenible”. Por ello proponen crear “espacios mixtos” de diálogo que faciliten la estabilidad y continuidad institucional.
- “Existe una concordancia Estado-administración-partido; líder sucesorio/vicepresidente/candidato a presidente”, que desvía el papel del Estado, que debe atender a todos por igual.
- Se presiona a los funcionarios –fijos o contratados– si no apoyan de manera “activa y manifiesta” al candidato gubernamental y se le moviliza para actos de campaña, indica el informe, que cita las amenazas de los ministros de la Vivienda y Comunicaciones, Ricardo Molina y Ernesto Villegas, respectivamente, así como el uso de las páginas web de la Cancillería para atacar a la oposición.
Acto civil
La misión de observadores europeos revisó el papel del Poder Judicial, la FANB, medios de comunicación y CNE y concluye que todos presentan fallas. Por ejemplo, alertan que el TSJ exalta “abiertamente a la cabeza del Ejecutivo en tono político partidista” en sentencias; concretamente, en el caso de la sustitución temporal presidencial y la convocatoria a elecciones por el fallecimiento de Chávez.
El Poder Judicial, aconsejan, “debe permanecer ajeno a usos políticos protocolares y ser fiel reflejo de la división de poderes”.
La presencia de los militares en cuestiones políticas es criticada por el IAEE, así como su participación en el operativo de seguridad electoral que, consideran, es “de carácter civil y ajeno a la presencia y estética militar”. Indican que la foto de Chávez forma parte de “la estética de los cuarteles” y sus alrededores. “Esta predisposición vulnera la neutralidad que debe regir a las Fuerzas Armadas al exhibir los símbolos patrios que recoge la Constitución”. Al evaluar al CNE alertan que la “estructura directiva no favorece la imagen de neutralidad en todos sus actos”, por lo que proponen la escogencia de rectores profesionales, equilibrados y que no respondan a la mayoría circunstancial del Parlamento.
IAEE lamentó la preferencia del CNE a “los acompañantes de Unasur”, en detrimentos de observadores reconocidos por las Naciones Unidas. Presenciaron la existencia de votos nulos por la demora del sistema en reconocer la opción seleccionada.
En cuanto al sistema electoral proponen que las mesas no tengan más de 500 electores; que la votación sea homogénea en todos los centros (es decir, que se cumpla la “obligatoriedad” de pasar por el captahuella), y que se suprima la tinta indeleble para facilitar la votación.
Aconsejan al CNE “simplificar” el tarjetón, de manera que aparezca el candidato una vez, independientemente del número de partidos que lo apoyan. “La elección es unipersonal”, alegan.
Los responsables del informe del IAEE y Redinipaz son Gustavo Palomares (Universidad Complutense de Madrid), Claudia Salcedo (Universidad Externado de Colombia), Anacleto Villaroel (IAEE) y Juan David Irausquín (parlamentario de Aruba). El fin, “producir alertas tempranas sobre riesgos contra el Estado de Derecho”.
“El TSJ no sólo fuerza la Constitución, al convertirlo en Presidente sin cumplir los requisitos constitucionales, legales y procedimentales sino que olvida los artículos 57 y 58 de la Lope y 128 del Reglamento Electoral, que señalan que todo funcionario público debe separarse del cargo para postularse a elección popular. La interpretación resulta forzada e incluso sospechosa de una conducta prevaricadora”, advierte en un informe la misión de apoyo internacional, que participó el 14A y permaneció en el país entre el 11 y el 22 de abril para ver y levantar información en Táchira, Mérida, Zulia y Distrito Capital.
“Maduro no cumple con los requisitos del artículo 227 de la Constitución, puesto que contraviene el 229. Esta situación constituye un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso, haciéndolo nulo de pleno derecho, y la Sala Constitucional del TSJ habría incurrido en la conducta tipificada en el artículo 25 de la Constitución que ha jurado defender y garantizar (…). Todo acto que viole los derechos constitucionales son nulos y los funcionarios que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”, indican.
Los delegados internacional renuncian al pacto “confidencial” que impone el CNE a los “acompañantes” y optan por hacer público el informe, de 28 páginas, por considerar que las limitaciones son “un obstáculo insalvable” para ofrecer recomendaciones al Gobierno, a los ciudadanos, a la rendición de cuentas o transparencia pública. “En las últimas decisiones del TSJ se constata una muy preocupante permeabilidad a la voluntad del Ejecutivo y del partido que le mantiene. Una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad exigible a este órgano en un sistema democrático”, afirman.
Dudas. El IAEE detectó las siguientes irregularidades:
- “Inseguridad jurídica e inquietud ciudadana sobre el origen de la candidatura de Maduro, su elección o las respuestas contradictorias sobre aceptar una auditoría”.
- Afán de conservar el poder “a toda costa” y mantener el legado de Chávez constituye una violación de las normas y aumentar “la sospecha de una suspensión del Estado de Derecho”. “Las instituciones del Estado han perdido neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”.
- “Actores políticos siguen volcados en enfrentamientos y no en debates que garanticen líneas estables”.
- La negativa del CNE de propiciar una auditoría completa ha generado ataques y “dudas” con respeto a su imparcialidad. IAEE relata cómo fueron testigos de ocho delitos electorales en el liceo Aplicación de Montalbán, Caracas, cuando el diputado del PSUV Robert Serrat llegó con un paquete de cédulas para que indigentes pudieran votar.
Delitos: impedir el derecho al sufragio; “accionar de mecanismos y votos fraudulentos”; porte de armas; alterar el orden; perturbar el acto democrático; asistir a más de un votante, y prohibir votos a discapacitados.
- “El alto nivel de enfrentamiento y agresividad, que contagia a la ciudadanía, propicia una polarización social insostenible”. Por ello proponen crear “espacios mixtos” de diálogo que faciliten la estabilidad y continuidad institucional.
- “Existe una concordancia Estado-administración-partido; líder sucesorio/vicepresidente/candidato a presidente”, que desvía el papel del Estado, que debe atender a todos por igual.
- Se presiona a los funcionarios –fijos o contratados– si no apoyan de manera “activa y manifiesta” al candidato gubernamental y se le moviliza para actos de campaña, indica el informe, que cita las amenazas de los ministros de la Vivienda y Comunicaciones, Ricardo Molina y Ernesto Villegas, respectivamente, así como el uso de las páginas web de la Cancillería para atacar a la oposición.
Acto civil
La misión de observadores europeos revisó el papel del Poder Judicial, la FANB, medios de comunicación y CNE y concluye que todos presentan fallas. Por ejemplo, alertan que el TSJ exalta “abiertamente a la cabeza del Ejecutivo en tono político partidista” en sentencias; concretamente, en el caso de la sustitución temporal presidencial y la convocatoria a elecciones por el fallecimiento de Chávez.
El Poder Judicial, aconsejan, “debe permanecer ajeno a usos políticos protocolares y ser fiel reflejo de la división de poderes”.
La presencia de los militares en cuestiones políticas es criticada por el IAEE, así como su participación en el operativo de seguridad electoral que, consideran, es “de carácter civil y ajeno a la presencia y estética militar”. Indican que la foto de Chávez forma parte de “la estética de los cuarteles” y sus alrededores. “Esta predisposición vulnera la neutralidad que debe regir a las Fuerzas Armadas al exhibir los símbolos patrios que recoge la Constitución”. Al evaluar al CNE alertan que la “estructura directiva no favorece la imagen de neutralidad en todos sus actos”, por lo que proponen la escogencia de rectores profesionales, equilibrados y que no respondan a la mayoría circunstancial del Parlamento.
IAEE lamentó la preferencia del CNE a “los acompañantes de Unasur”, en detrimentos de observadores reconocidos por las Naciones Unidas. Presenciaron la existencia de votos nulos por la demora del sistema en reconocer la opción seleccionada.
En cuanto al sistema electoral proponen que las mesas no tengan más de 500 electores; que la votación sea homogénea en todos los centros (es decir, que se cumpla la “obligatoriedad” de pasar por el captahuella), y que se suprima la tinta indeleble para facilitar la votación.
Aconsejan al CNE “simplificar” el tarjetón, de manera que aparezca el candidato una vez, independientemente del número de partidos que lo apoyan. “La elección es unipersonal”, alegan.
Los responsables del informe del IAEE y Redinipaz son Gustavo Palomares (Universidad Complutense de Madrid), Claudia Salcedo (Universidad Externado de Colombia), Anacleto Villaroel (IAEE) y Juan David Irausquín (parlamentario de Aruba). El fin, “producir alertas tempranas sobre riesgos contra el Estado de Derecho”.
Caracas 19 de junio de 2013
Tomado de El Nacional
11 jun 2013
“Un llamado ucevista al ministro Pedro Calzadilla” Por: Vladimir Villegas
Soy ucevista, incluso desde antes de ingresar como estudiante regular de la Escuela de Comunicación Social, desde mis tiempos de liceísta, de militante de la JC y de integrante irreductible del Comité de Bachilleres sin Cupo, a comienzos de los ochenta. Y como egresado de nuestra querida Universidad Central de Venezuela es imposible pasar agachado frente al actual conflicto universitario.
Años van y años vienen y, desde que tengo memoria, la lucha por un presupuesto justo ha sido la principal bandera de nuestra máxima casa de estudios. Pasan los gobiernos y la carencia presupuestaria se agrava, y ni siquiera en estos llamados años de revolución se le ha dado a la universidad, la Central y todas las demás, el trato que merece toda institución destinada a formar los profesionales del presente y del futuro.
Ni siquiera por el hecho de que varios ministros de Educación Superior hayan sido estudiantes y luego docentes de la casa que vence las sombras el panorama ha cambiado. La universidad sigue acorralada, sometida a una especie de libreta de racionamiento elaborada con mezquindad y saña.
Es increíble que en la Venezuela de los barriles de petróleo por encima de los ciento y pico de dólares, en el país que lleva ayuda financiera más allá de sus fronteras, los profesores universitarios tengan que salir a pedir limosna en las calles, como lo hicieron en Mérida en señal de protesta.
Desde el Gobierno podrán decir que son profesores apátridas, agentes del imperio o desestabilizadores de oficio, pero todos sabemos que hoy en día un docente universitario es un paria de la tierra, un servidor público que recibe como recompensa desde el poder maltratos, burlas y amenazas. Y entonces cómo no preguntarse por qué ese empeño en negarle al profesor universitario un salario digno. Por qué esa repetida conducta de pretender desconocer sus instancias gremiales legítimas.
Conozco al actual ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla. Nos formamos en la UCV. Militamos juntos y compartimos más de una movilización en defensa de la autonomía universitaria y de un presupuesto justo. Acompañamos en más de una ocasión a los empleados y a los profesores en sus justas peleas frente a los gobiernos de AD y Copei.
Y esas luchas son básicamente las mismas, sólo que en esta ocasión se trata de presionar al gobierno que tal vez ha tenido la mayor cantidad de ex dirigentes universitarios en su seno, entre ellos Pedro, que es un buen tipo, y seguro estoy de que no es un enemigo de la UCV ni de sus trabajadores. Diría, con su venia, que es un rehén de una política que ve en la autonomía una amenaza contra el pensamiento único al cual son adictos muchos de quienes ayer nomás representaban corrientes ucevistas predicadoras de la diversidad y del debate libre.
Más que al ministro de Educación Superior, le pido a Pedro, al compañero de la Facultad de Humanidades de la UCV, que recree en su memoria las veces que gritó hasta la ronquera en defensa de lo que hoy el Gobierno pretende desconocer. Que se ubique en la realidad de una UCV que sobrevive a duras penas, y se ponga no en los zapatos sino en los bolsillos de los profesores, cuyos salarios ya parecen endebles ventorrillos frente al tsunami de la inflación. Estoy seguro de que el Pedro Calzadilla ucevista puede ayudar más a la solución del eterno conflicto universitario que el Pedro Calzadilla ministro.
Hermano, no tienes cómo zafarte de esa responsabilidad y de esa disyuntiva que se te presenta. Tú que eres egresado de la Escuela de Historia estás en la posibilidad de escoger cómo quieres ser recordado. O como el ministro que se le plantó a su propio gobierno y le exigió un trato justo y digno a la universidad que te lo dio todo, o como un ministro más que se limita al cumplimiento de órdenes superiores, aunque éstas sean nuevos dardos contra el corazón de nuestra Alma Máter. Es tu turno al bate.
11/06/13
Tomado de Noticias24
Años van y años vienen y, desde que tengo memoria, la lucha por un presupuesto justo ha sido la principal bandera de nuestra máxima casa de estudios. Pasan los gobiernos y la carencia presupuestaria se agrava, y ni siquiera en estos llamados años de revolución se le ha dado a la universidad, la Central y todas las demás, el trato que merece toda institución destinada a formar los profesionales del presente y del futuro.
Ni siquiera por el hecho de que varios ministros de Educación Superior hayan sido estudiantes y luego docentes de la casa que vence las sombras el panorama ha cambiado. La universidad sigue acorralada, sometida a una especie de libreta de racionamiento elaborada con mezquindad y saña.
Es increíble que en la Venezuela de los barriles de petróleo por encima de los ciento y pico de dólares, en el país que lleva ayuda financiera más allá de sus fronteras, los profesores universitarios tengan que salir a pedir limosna en las calles, como lo hicieron en Mérida en señal de protesta.
Desde el Gobierno podrán decir que son profesores apátridas, agentes del imperio o desestabilizadores de oficio, pero todos sabemos que hoy en día un docente universitario es un paria de la tierra, un servidor público que recibe como recompensa desde el poder maltratos, burlas y amenazas. Y entonces cómo no preguntarse por qué ese empeño en negarle al profesor universitario un salario digno. Por qué esa repetida conducta de pretender desconocer sus instancias gremiales legítimas.
Conozco al actual ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla. Nos formamos en la UCV. Militamos juntos y compartimos más de una movilización en defensa de la autonomía universitaria y de un presupuesto justo. Acompañamos en más de una ocasión a los empleados y a los profesores en sus justas peleas frente a los gobiernos de AD y Copei.
Y esas luchas son básicamente las mismas, sólo que en esta ocasión se trata de presionar al gobierno que tal vez ha tenido la mayor cantidad de ex dirigentes universitarios en su seno, entre ellos Pedro, que es un buen tipo, y seguro estoy de que no es un enemigo de la UCV ni de sus trabajadores. Diría, con su venia, que es un rehén de una política que ve en la autonomía una amenaza contra el pensamiento único al cual son adictos muchos de quienes ayer nomás representaban corrientes ucevistas predicadoras de la diversidad y del debate libre.
Más que al ministro de Educación Superior, le pido a Pedro, al compañero de la Facultad de Humanidades de la UCV, que recree en su memoria las veces que gritó hasta la ronquera en defensa de lo que hoy el Gobierno pretende desconocer. Que se ubique en la realidad de una UCV que sobrevive a duras penas, y se ponga no en los zapatos sino en los bolsillos de los profesores, cuyos salarios ya parecen endebles ventorrillos frente al tsunami de la inflación. Estoy seguro de que el Pedro Calzadilla ucevista puede ayudar más a la solución del eterno conflicto universitario que el Pedro Calzadilla ministro.
Hermano, no tienes cómo zafarte de esa responsabilidad y de esa disyuntiva que se te presenta. Tú que eres egresado de la Escuela de Historia estás en la posibilidad de escoger cómo quieres ser recordado. O como el ministro que se le plantó a su propio gobierno y le exigió un trato justo y digno a la universidad que te lo dio todo, o como un ministro más que se limita al cumplimiento de órdenes superiores, aunque éstas sean nuevos dardos contra el corazón de nuestra Alma Máter. Es tu turno al bate.
11/06/13
Tomado de Noticias24
6 jun 2013
La hegemonía se compra Por Nitu Pérez Osuna
En los últimos meses hemos conocido de la venta de medios de comunicación a grupos que nada tienen que ver con el oficio de informar veraz y oportunamente. Y no me refiero exclusivamente a Globovisión o la reciente venta de la Cadena Capriles, consorcio comunicacional que hasta el momento de escribir este artículo, no manejamos que apellido llevará luego del traspaso de acciones, lo que viene sucediendo es algo mucho mas complejo y estratégico. Hablamos de la hegemonía comunicacional. Un solo mensaje, una sola voz… propaganda pues. Y es que si algo entendió este régimen es que los medios de comunicación independientes, tienen una gran fuerza e influencia, por eso se les ha llamado el “cuarto poder”. Napoleón Bonaparte decía: “Tres diarios adversos son más temibles que mil bayonetas”.
Según me relatan desde el interior del país, son muchos los medios impresos, radiales y de televisoras regionales que pasan de mano gracias a la cuantiosa oferta en dólares que les presentan a sus –hasta ahora- dueños. Lo que es calificado por algunos, como un síntoma más del naufragio moral en el que Venezuela se encuentra inmerso. Para otros, el cambio de manos es la manera de mantener a flote los puestos de trabajos de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos, a costa de la independencia y pluralidad informativa y de opinión.
En un país, como el nuestro, donde comercios y empresas han cerrado, donde la gente ha perdido calidad de vida porque los sueldos y salarios se han hecho sal y agua gracias a la inflación desatada por el mal manejo de nuestra economía y, donde la mayoría hacemos maromas para afrontar los gastos de alimentación, salud, educación y transporte de la familia, nos preguntamos ¿de donde han salido estos “nuevos grupos” económicos mil millonarios que no sea de la corruptela del gobierno? Llegó la hora de pagar a sus patronos, y el pago es comprar medios para silenciar definitivamente la libertad de expresión.
En la Enciclopedia GER. Venezuela. IX. Medios de Información y Comunicación Social; podemos leer lo siguiente: “Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez la censura ha presidido las relaciones de la prensa con el Gobierno. Bajo el mandato de Pérez Jiménez, ésta se lleva a cabo por medio de una oficina central a cargo de un director de Información y por sus delegados en las dependencias federales y territoriales. Todas las informaciones políticas y económicas debían presentarse a la censura, y los comentarios políticos estaban prohibidos únicamente escaparon a la censura las noticias extranjeras y el diario católico La Religión, cuya oposición se daba a conocer por medio de las críticas a otras dictaduras y sus sistemas de controlar un país. El más activo de los adversarios de Pérez Jiménez fue Miguel Ángel Capriles, propietario de La Esfera y Ultimas Noticias. Esta lucha ha sido, a todas luces, una manifestación del poder de la prensa y uno de los más recientes casos en los que la prensa juega un papel destacado en el cambio de un gobernante. Durante algún tiempo consiguió desviarse de las insinuaciones de la censura, pero Capriles y el director de La Religión fueron a la cárcel. Los periódicos fueron obligados a publicar artículos censurando la revuelta de la oposición, a lo que se negaron cuatro de ellos, prefiriendo suspender su publicación si no eran puestos en libertad los dos periodistas. El Gobierno cedió. El Universal protestó por la orden de inserción de tales artículos, y se le condenó a lanzar sus ediciones ocho horas más tarde que los demás diarios. A consecuencia de ello el diario alcanzó mayor popularidad de la que tenía. La situación angustiosa a la que debían someterse muchos diarios ayudó a que la oposición ampliara su ámbito de influencia. La prensa también tuvo un papel definitivo en la huelga general anunciada para el 21 de enero; dio la señal al licenciar a su personal el día antes y descomponer sus propios talleres. Incluso el diario gubernamental, El Heraldo, fue obligado a suspender su publicación”.
Eso es historia, amigo lector, una referencia en cuanto a que los medios, son mucho mas que una marca. Una empresa comunicacional son sus trabajadores, quienes escriben, informan y opinan exponiendo su tranquilidad y hasta la vida por ejercer el derecho a contar los hechos como estos se desarrollan, mostrando la diversidad de opiniones, abriendo espacios a todas las ideas, tendencias y opiniones.
En tiempos de dictadura de Pérez Jiménez hubo un editor que se destacó, hubo un hombre de medios que se jugó su inversión por la democracia y la libertad. Los demócratas luego, le reconocieron su valor y la Cadena Capriles se convirtió en el emporio de pluralidad periodística del cual ha gozado hasta entonces.
En estos casi 15 años, los comunicadores hemos vivido entre amenazas, censuras y autocensuras… pero ahora nos enfrentamos a tiempos mas complicados donde nuevos dueños de medios se disfrazan de privados, siendo tan oficialistas como el mismo régimen que les hizo poseedores de inmensas fortunas para adquirir medios.
¡Tremendo compromiso el de los periodistas comprometidos con la libertad y la democracia!
Caracas 05/06/2013
Tomado de Globovision
Según me relatan desde el interior del país, son muchos los medios impresos, radiales y de televisoras regionales que pasan de mano gracias a la cuantiosa oferta en dólares que les presentan a sus –hasta ahora- dueños. Lo que es calificado por algunos, como un síntoma más del naufragio moral en el que Venezuela se encuentra inmerso. Para otros, el cambio de manos es la manera de mantener a flote los puestos de trabajos de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos, a costa de la independencia y pluralidad informativa y de opinión.
En un país, como el nuestro, donde comercios y empresas han cerrado, donde la gente ha perdido calidad de vida porque los sueldos y salarios se han hecho sal y agua gracias a la inflación desatada por el mal manejo de nuestra economía y, donde la mayoría hacemos maromas para afrontar los gastos de alimentación, salud, educación y transporte de la familia, nos preguntamos ¿de donde han salido estos “nuevos grupos” económicos mil millonarios que no sea de la corruptela del gobierno? Llegó la hora de pagar a sus patronos, y el pago es comprar medios para silenciar definitivamente la libertad de expresión.
En la Enciclopedia GER. Venezuela. IX. Medios de Información y Comunicación Social; podemos leer lo siguiente: “Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez la censura ha presidido las relaciones de la prensa con el Gobierno. Bajo el mandato de Pérez Jiménez, ésta se lleva a cabo por medio de una oficina central a cargo de un director de Información y por sus delegados en las dependencias federales y territoriales. Todas las informaciones políticas y económicas debían presentarse a la censura, y los comentarios políticos estaban prohibidos únicamente escaparon a la censura las noticias extranjeras y el diario católico La Religión, cuya oposición se daba a conocer por medio de las críticas a otras dictaduras y sus sistemas de controlar un país. El más activo de los adversarios de Pérez Jiménez fue Miguel Ángel Capriles, propietario de La Esfera y Ultimas Noticias. Esta lucha ha sido, a todas luces, una manifestación del poder de la prensa y uno de los más recientes casos en los que la prensa juega un papel destacado en el cambio de un gobernante. Durante algún tiempo consiguió desviarse de las insinuaciones de la censura, pero Capriles y el director de La Religión fueron a la cárcel. Los periódicos fueron obligados a publicar artículos censurando la revuelta de la oposición, a lo que se negaron cuatro de ellos, prefiriendo suspender su publicación si no eran puestos en libertad los dos periodistas. El Gobierno cedió. El Universal protestó por la orden de inserción de tales artículos, y se le condenó a lanzar sus ediciones ocho horas más tarde que los demás diarios. A consecuencia de ello el diario alcanzó mayor popularidad de la que tenía. La situación angustiosa a la que debían someterse muchos diarios ayudó a que la oposición ampliara su ámbito de influencia. La prensa también tuvo un papel definitivo en la huelga general anunciada para el 21 de enero; dio la señal al licenciar a su personal el día antes y descomponer sus propios talleres. Incluso el diario gubernamental, El Heraldo, fue obligado a suspender su publicación”.
Eso es historia, amigo lector, una referencia en cuanto a que los medios, son mucho mas que una marca. Una empresa comunicacional son sus trabajadores, quienes escriben, informan y opinan exponiendo su tranquilidad y hasta la vida por ejercer el derecho a contar los hechos como estos se desarrollan, mostrando la diversidad de opiniones, abriendo espacios a todas las ideas, tendencias y opiniones.
En tiempos de dictadura de Pérez Jiménez hubo un editor que se destacó, hubo un hombre de medios que se jugó su inversión por la democracia y la libertad. Los demócratas luego, le reconocieron su valor y la Cadena Capriles se convirtió en el emporio de pluralidad periodística del cual ha gozado hasta entonces.
En estos casi 15 años, los comunicadores hemos vivido entre amenazas, censuras y autocensuras… pero ahora nos enfrentamos a tiempos mas complicados donde nuevos dueños de medios se disfrazan de privados, siendo tan oficialistas como el mismo régimen que les hizo poseedores de inmensas fortunas para adquirir medios.
¡Tremendo compromiso el de los periodistas comprometidos con la libertad y la democracia!
Caracas 05/06/2013
Tomado de Globovision
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